PREÁMBULO
REAFIRMANDO la necesidad de intervenir y cambiar el modelo social, político, cultural y económico imperante
CONSCIENTES que el único cambio legítimo del presente modelo es el que nace de las propuestas, inquietudes e intereses de las bases sociales que lo conforman.
PERSUADIDOS del legítimo derecho expresión y presión que tienen y deben ejercer las bases sociales, al igual que, en sentido contrario, la ejercen los sectores sociales privilegiados cuyos intereses están ligados al mantenimiento del sistema vigente.
CONVENCIDOS que es posible construir un mundo más justo y solidario, donde los frutos del desarrollo social, político y económico lleguen a todos y todas las integrantes de la sociedad.
Luego, a fin de establecer una plataforma común de referentes ideológicos, necesaria para realizar el gran propósito de transformar el modelo social, político y económico que reclama la sociedad chilena, NOSOTROS HOMBRES Y MUJERES COMUNES Y CORRIENTES DEL ESTADO CHILENO, MANDANTES DE TODAS LA AUTORIDADES DE LA NACIÓN, proponemos y aprobamos la siguiente:
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES
1) DIGNIDAD HUMANA UNIVERSAL: El ser humano no es un QUE, sino un QUIEN, un ser único, dotado de inteligencia, voluntad, libertad y capacidad de amar. Condición que se manifiesta, ante los demás y el mundo, en el hecho que sólo hombres y mujeres deben ser causa, efecto y consecuencia de toda acción humana.
2) RESPETO: Precisamente porque hombres y mujeres son lo más digno ante sí mismo y ante los demás, tienen la obligación y deber de respetar a los otros, como asimismo, esos otros, tienen la obligación y deber de respeto para con ellos. El mayor respeto, sin embargo, es el que profesamos a quienes no tienen la capacidad de defensa de su dignidad, como la tenemos hombres y mujeres libres y plenos. Así, niños y ancianos deben ser especialmente protegidos contra cualquier ofensa, violación o menoscabo de su dignidad humana
3) LIBERTAD, SOLIDARIDAD: La libertad la estimamos como elemento inseparable de una condición humana digna y que se expresa en la posibilidad conciente y plena, no coaccionada ni coaccionante, de elegir la forma en que el “yo” se desenvuelve, de manera legítima, en la sociedad. El fortalecimiento de la sociedad sólo puede darse con mujeres y hombres libres y solidarios; siendo, por tanto, contrario a la libertad y la solidaridad, la pobreza, la exclusión social, la falta de educación y salud dignas, como asimismo la inequidad e injusticia laboral.
4) IGUALDAD: La igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, de diversos grupos generacionales, en todos los terrenos de la sociedad y de la cultura, es condición de civilización y de libertad. Dicha igualdad presupone el reconocimiento de la diversidad de necesidades, demandas y exigencias sociales. Quienes sufren situaciones de pobreza material o cualquier forma de carencia, exclusión, marginación o injusticia no son sujetos de reconocimiento de dicha dignidad; siendo deber de la sociedad que los cobija y de las instituciones que la componen, el darle todas las herramientas necesarias para ejercitarla.
5) JUSTICIA Sólo mediante la implantación de un modelo social que promueva, garantice y defienda los derechos sociales e individuales, como eje del progreso individual y del desarrollo colectivo, será posible acceder a una sociedad justa e igualitaria; donde la pobreza y falta de oportunidades no sean tanto un delito de quien las sufre tanto como de quienes las crean. Donde, precisamente, porque todos han tenido las mismas oportunidades, no sea extravío la aplicación de la ley a todos por igual, sin distinciones ni privilegios, tanto como expresión de la igualdad de la que todos, efectiva y cotidianamente, participamos.
6) JUSTICIA Y DESARROLLO SOCIAL: Creemos que los objetivos de la sociedad deben dirigirse a la búsqueda incesante del bien común, propiciando un conjunto de condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que permitan el crecimiento de todas y cada una de las personas que en ella viven.
La justicia social debe ser la herramienta que garantice y preserve el integral desarrollo de la familia universal, permitiendo una distribución equitativa de las oportunidades y el pleno acceso de todos los sectores de la sociedad al total de los bienes sociales.
Consideramos que es deber del Estado y sus organizaciones centrar sus planes de acción en el desarrollo y respeto de la justicia social, promoviendo iniciativas que conduzcan a su generalización y perfeccionamiento, como vía para la desaparición de las desigualdades existentes entre los hombres y las naciones, y como condición esencial para la superación de la pobreza, la marginalidad y la falta de oportunidades.
7) EMPODERAMIENTO CIVIL Nuestra sociedad es la fuente originaria del poder político y referente ético en el ejercicio del mismo, la sociedad civil y sus organizaciones constituyen, con el individuo, la razón de toda acción, particular o colectiva. Ningún proyecto político puede prosperar y mantener vigencia, si no tiene como sustento el interés y la participación de todos y cada uno de los sectores de la sociedad.
La consulta popular, el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, la rendición de cuentas obligatoria, deben ser puntos de partida para el trabajo político y para otorgar sentido y contenido democrático a la administración pública. Abogamos porque dichas herramientas se encuentren reconocidas y garantizadas por el actual sistema político. Asimismo patrocinamos el que las nuevas plataformas tecnológicas sean incluidas como herramientas políticas que aúnen voluntades y que esas voluntades obliguen a nuestros MANDATADOS.
8) ECONOMIA A ESCALA HUMANA: El ser humano se constituye en el centro, autor y fin de la actividad económica. En la economía deben converger armónicamente diversas formas de propiedad, empresas y organizaciones económicas, con plena participación de La sociedad en la gestión y los resultados. La justicia social y desarrollo económico, son dos conceptos que deben fortalecerse recíprocamente, pues una justicia social efectiva real requiere un modelo económico integral que asegure el desarrollo económico pleno de la sociedad.
Creemos que el trabajo es un derecho inherente al ser humano y no sólo debe ser visto y apreciado como el esfuerzo y el desgaste de energías físicas y mentales de la persona que lo ejecuta, sino como un acto de creación al servicio de la sociedad. El trabajo tiene un valor no sólo, ni principalmente, monetario en el proceso de creación de riqueza, sino también social y cultural en el desarrollo general de la humanidad; por tanto la sociedad debe garantizar el derecho al trabajo y asegurar al ser humano el pleno desarrollo de sus potencialidades físicas e intelectuales a través de una actividad laboral acorde con esas potencialidades.
Demandamos un sistema y una política económica que no sea producto del ejercicio vertical del poder y de los poderosos, sino de la participación democrática de todos los sectores de la sociedad, que responda al sentir ciudadano y popular. No se puede seguir dejando al libre albedrío de unos cuantos agentes y corporaciones económicas, la riqueza que comprende a la nación toda. Lejos de abandonar la economía a las fuerzas del mercado, afirmamos irrestrictamente que es necesario establecer un equilibrio entre la libertad de los individuos para generar riqueza y las necesidades de la sociedad toda.
9) POLITICA CENTRADA EN EL BIEN COMÚN: Queremos una ética política con base en los principios de responsabilidad, uso honesto de los recursos públicos, desempeño eficaz, así como el actuar de forma transparente y rendir cuentas a la ciudadanía. Rechazamos las prácticas que privilegian el favoritismo, la recomendación, la corrupción, el nepotismo, la opacidad en el servicio público, la ineficacia, la ineficiencia; así como el uso deshonesto y con fines clientelares o políticos electorales de los recursos públicos o que pertenecen a la ciudadanía toda. Requerimos de la construcción de un Estado auténticamente democrático que asegure el sufragio efectivo, la división de poderes, una descentralización renovada, el disfrute y ejercicio de los derechos humanos integrales, la satisfacción de las necesidades sociales básicas, y reafirme los derechos de la nación sobre sus recursos naturales.
Les recordamos a todas la autoridades del país, del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que NOSOTROS, LA CIUDADANÍA, somos sus MANDANTES, y que el único poder que como autoridad ustedes ostentan es el que nace del mandato que NOSOTROS le hemos entregado. Como nuestros MANDATARIOS vuestra autoridad es legítima sólo en cuanto cumple con dicho MANDATO, y que esa autoridad termina cuando se traiciona NUESTRA VOLUNTAD EXPRESADA EN EL MANDATO.
Les recordamos a esas mismas autoridades que el BIEN COMÚN no es el bien de una sola persona, ni de unos pocos, ni de muchos, ni siquiera de la mayoría, el BIEN COMÚN es el bien de TODOS los integrantes de la sociedad y sólo en base a esa premisa se puede definir una acción verdaderamente democrática.
10) DEMOCRACIA PLENA: Creemos que el fin de la democracia, es la construcción de una sociedad donde sus estructuras, relaciones, normas, procedimientos e instituciones abran formas incesantes de participación viva y responsable, en una atmósfera de solidaridad, respeto a la diversidad y a los derechos de todos los sectores, políticos, sociales y económicos, combinado con la tolerancia cultural, religiosa y social. Desde la perspectiva anterior afirmamos, sin temor a equivocarnos, de que el tener un gobierno elegido democráticamente no significa que éste adopte decisiones auténticamente democráticas. La democracia no es un concepto que se agota en los procesos de elección de los representantes populares destinados a ejercer el poder público; es un sistema de vida que se traduce en la participación activa y constante de las mayorías en las decisiones que transforman la estructura social y en el que las minorías gozan de los derechos de representación y organización necesarios para defender sus ideas, enriquecer el contenido y el valor de tales determinaciones.
11) MEDIOAMBIENTE. Hacemos nuestro el articulo 1º de la Declaración de Estocolmo de 1972, mismo que señala “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”. Los recursos naturales de la tierra, incluidos, el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación. Creemos ciertamente que el Estado tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestre y su hábitat.
Éstos son nuestros valores, nuestros principios y ésta es nuestra voluntad. Por tanto, desde hoy y para el futuro, consideramos que EL MANDATO que NOSOTROS, los MANDANTES, voluntariamente hemos decidido otorgarles y que ustedes, LOS MANDATARIOS, las autoridades de este Estado, voluntariamente han aceptado, sólo es legítimo en cuanto contiene nada más que nuestra voluntad, de la que ustedes son meros instrumentos y a la que deben responder como lo que ese MANDATO es: vuestro deber, vuestro trabajo y vuestra obligación.
Chile, 23 de Mayo del año 2010.
